LA SELVA TRAS LA VIOLENCIA

Enfrascados en contar muertos y descalificarse; en mostrar “quién puede más”, los ministros del gobierno y los líderes nativos peruanos parecían ya ajenos al problema principal que los enfrentó: la gestión sostenible de la selva. La reciente derogación de los decretos de la discordia parece haber amainado, de
momento, los ánimos belicosos de ambas partes.

A veinte días del enfrentamiento en Bagua, se sabe mucho más y la lógica empieza a ser contundente. No existía ningún complot internacional ni manos extrañas pretextadas por el presidente de gobierno y sus ministros. Las lamentables muertes ocurridas el 05 de junio fueron producto de una cadena de errores; de unos exaltados nativos y de unos inexpertos policías que fueron enviados sin refuerzos, sin chalecos antibalas, y sin un general inteligente que pudiera abortar a tiempo una operación tan chapucera.

Ni la ministra del Interior, ni el ministro de Defensa, ni el premier asumen sus responsabilidades hasta el día de hoy. Fernando Rospigliosi, periodista y ex ministro del Interior, se ha dado el trabajo de documentar en un artículo lo que pasó en Bagua aquel nefasto día, y así dar luces sobre la actuación de los máximos dirigentes políticos. En la interpelación ocurrida el día de ayer en el Congreso de la República los dirigentes del gobierno “se lavaron las manos” y nadie quiso responder a una sola pregunta que había planteado la oposición: ¿quién fue el máximo responsable que ordenó esta operación?

Por otro lado, en el programa Prensa Libre dos líderes de los nativos aceptaron que no habían leído los decretos en su integridad, derivando esa función en sus abogados. La periodista Rosa María Palacios, conductora de este programa, se preguntó con toda razón: ¿Estaban dispuestos a morir por un decreto que no habían leído? Otro programa periodístico reveló que un aproximado de dos mil nativos, tras enterarse de la muerte de familiares de su etnia, rompieron el acuerdo de no agresión que mantenían con los policías y escogieron a 17 de ellos para aplicarles la “Ley del Talión” y así vengar el número de bajas que según sus dirigentes habían tenido.

En estos días también los periodistas han logrado arrancarle a la Ministra de Mercedes Araoz la confirmación que las leyes eran en parte de las medidas para cumplir con el Tratado de Libre Comercio firmado con EE. UU. Pedro Francke, profesor del Dpto. de Economía de la Universidad Católica, mantiene que realmente el problema de fondo es el enfrentamiento de dos modelos político-económicos. Uno -representado por el pensamiento del presidente García- mercantilista y de corto plazo; de carácter primario-exportador y extractor de materias primas y otro: de un desarrollo sostenible de la amazonía: con su gente y no contra ella; mediante acuerdos y no imposiciones, que respete cabalmente el medio ambiente.

VIOLENCIA EN LA SELVA

El 05 de Junio quedará marcado en Perú como un día triste y bárbaro por la intervención policial contra nativos de la selva que bloqueaban una carretera, y por la cruel muerte de unas 35 personas entre policías y civiles. Uno de los numerosos heridos graves es Santiago Manuin, histórico dirigente nativo que obtuvo el Premio Reina Sofía por su labor en defensa de la Amazonía. Ajenos a la gravedad del tema, miembros del gobierno se dedicaron a desprestigiar al líder de las protestas, Alberto Pizango, acusándolo sin ninguna prueba de recibir financiamiento extranjero.

La mayoría de medios de comunicación solo informaron de las bajas policiales, en la misma línea que la ministra del Interior Mercedes Cabanillas; quien se centró en las víctimas policiales y apenas dedicó diez segundos a anunciar (de manera errónea) el deceso de 3 civiles nativos. Por otro lado, los dirigentes amazónicos informaron que tenían 25 fallecidos en el programa de TV Prensa Libre. En Radio San Borja dos estudiantes pertenecientes a las etnias denunciaron que los soldados no dejaban recuperar los cuerpos de algunos muertos e incluso estaban arrojando algunos cadáveres al río Marañón.

El fatal desenlace ha demostrado la ineptitud del presidente García y su gobierno para manejar conflictos sociales, las protestas de las comunidades selváticas a quienes no consideró en serio y respondió siempre con un mensaje tan demagogo como inexacto: "la selva es de todos los peruanos". El ex gobernante Alejandro Toledo manifestó que "la responsabilidad política recae en el Presidente de la República, porque ninguna acción tomada con participación de la Policía se hace sin su autorización". El periodista Augusto Alvarez escribió en el Diario La República, refiriéndose al lamentable suceso: “significa el fracaso de la política, de la sensatez, del diálogo y de la negociación como mecanismos de solución de las diferencias; y el triunfo de la intolerancia, de la prepotencia, de las balas y de la muerte”.

La raíz del problema está en una serie de decretos legislativos, entre los que destacan el Nº 1017 y Nº 1090, que modifican las formas de inversión privada y el desarrollo de actividades económicas en las tierras de las comunidades campesinas. Según analistas y políticos de la oposición, gran parte de estos decretos se han dictado para adecuar las leyes peruanas al tratado de Libre Comercio firmado con los EE.UU. Asimismo, que esos decretos son ilegales, porque no se han considerado en las consultas a las comunidades indígenas, propietarias de gran parte de esas tierras; incumpliento por tanto el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Lo ocurrido el día de ayer también demuestra la fractura social entre las regiones peruanas de la costa y la selva. El líder de esta protesta, en una entrevista reciente lo expresaba de este modo: “Para nosotros la tierra, los ríos, los cerros son parte de nuestro hábitat, nosotros dependemos absolutamente de estas tierras y estas tierras dependen de nosotros. Para la visión occidental solo son papeles, empresas, dinero y mercado....nuestras protestas no son comprendidas por las altas esferas del poder central, de quienes no nos separa la cordillera de los andes sino un abismo de etnocentrismo autoritario, de ignorancia histórica; un océano de intereses económicos”.