VIOLENCIA EN LA SELVA

El 05 de Junio quedará marcado en Perú como un día triste y bárbaro por la intervención policial contra nativos de la selva que bloqueaban una carretera, y por la cruel muerte de unas 35 personas entre policías y civiles. Uno de los numerosos heridos graves es Santiago Manuin, histórico dirigente nativo que obtuvo el Premio Reina Sofía por su labor en defensa de la Amazonía. Ajenos a la gravedad del tema, miembros del gobierno se dedicaron a desprestigiar al líder de las protestas, Alberto Pizango, acusándolo sin ninguna prueba de recibir financiamiento extranjero.

La mayoría de medios de comunicación solo informaron de las bajas policiales, en la misma línea que la ministra del Interior Mercedes Cabanillas; quien se centró en las víctimas policiales y apenas dedicó diez segundos a anunciar (de manera errónea) el deceso de 3 civiles nativos. Por otro lado, los dirigentes amazónicos informaron que tenían 25 fallecidos en el programa de TV Prensa Libre. En Radio San Borja dos estudiantes pertenecientes a las etnias denunciaron que los soldados no dejaban recuperar los cuerpos de algunos muertos e incluso estaban arrojando algunos cadáveres al río Marañón.

El fatal desenlace ha demostrado la ineptitud del presidente García y su gobierno para manejar conflictos sociales, las protestas de las comunidades selváticas a quienes no consideró en serio y respondió siempre con un mensaje tan demagogo como inexacto: "la selva es de todos los peruanos". El ex gobernante Alejandro Toledo manifestó que "la responsabilidad política recae en el Presidente de la República, porque ninguna acción tomada con participación de la Policía se hace sin su autorización". El periodista Augusto Alvarez escribió en el Diario La República, refiriéndose al lamentable suceso: “significa el fracaso de la política, de la sensatez, del diálogo y de la negociación como mecanismos de solución de las diferencias; y el triunfo de la intolerancia, de la prepotencia, de las balas y de la muerte”.

La raíz del problema está en una serie de decretos legislativos, entre los que destacan el Nº 1017 y Nº 1090, que modifican las formas de inversión privada y el desarrollo de actividades económicas en las tierras de las comunidades campesinas. Según analistas y políticos de la oposición, gran parte de estos decretos se han dictado para adecuar las leyes peruanas al tratado de Libre Comercio firmado con los EE.UU. Asimismo, que esos decretos son ilegales, porque no se han considerado en las consultas a las comunidades indígenas, propietarias de gran parte de esas tierras; incumpliento por tanto el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Lo ocurrido el día de ayer también demuestra la fractura social entre las regiones peruanas de la costa y la selva. El líder de esta protesta, en una entrevista reciente lo expresaba de este modo: “Para nosotros la tierra, los ríos, los cerros son parte de nuestro hábitat, nosotros dependemos absolutamente de estas tierras y estas tierras dependen de nosotros. Para la visión occidental solo son papeles, empresas, dinero y mercado....nuestras protestas no son comprendidas por las altas esferas del poder central, de quienes no nos separa la cordillera de los andes sino un abismo de etnocentrismo autoritario, de ignorancia histórica; un océano de intereses económicos”.